Por Esteban Crevari
Con el advenimiento de Yrigoyen a la presidencia, se perciben profundos cambios en la política del Estado nacional frente a la cuestión obrera y en la cual se aprecia una real sensibilidad frente a sus reivindicaciones.
Durante el gobierno de Yrigoyen, se protegió los derechos de sindicalización y de huelga del movimiento obrero, comprometiendo al Estado en las disputas entre el capital y el trabajo, a fin de asegurar justicia a ambas partes. Las organizaciones gremiales, en consecuencia, experimentaron un significativo crecimiento. La FORA IX, escisión propia de la expresión sindicalista y apolítica que controló al movimiento obrero desde 1915 a 1922, pasó de 3.000 afiliados en 1915 a más de 70.000 en 1920[13].
En un sugestivo reconocimiento de los cambios producidos, la FORA IX apelaría a la figura presidencial como árbitro de las disputas entre obreros y patronal. El gobierno, por su parte, asumiría dicho compromiso, tal como es puesto de manifiesto por Horacio Oyhanarte en un discurso en la Cámara de Diputados:
«Ninguno de sus derechos será hollado, ninguna de sus legítimas aspiraciones será defraudada y esto lo ha comprendido y lo ha ratificado, de suyo propio, la clase trabajadora, nombrando por árbitro al presidente de la República».
Entre 1917 y 1921 se dieron en nuestro país grandes manifestaciones obreras. El presidente Yrigoyen, a pesar de su carácter manifiesto en relación a la legitimidad otorgada a los obreros como parte esencial de la sociedad, debió gobernar dentro de un contexto de enorme despliegue de movilización social.
En 1916 y 1917, por ejemplo, se llevaron a cabo una importante huelga marítima huelga general a partir de la unidad lograda entre las diferentes organizaciones gremiales ferroviarias, como actitud de firme rechazo a las políticas laborales ejecutadas por las compañías ferroviarias de capital extranjero. El gobierno de Hipólito Yrigoyen, oficiaría en esta crisis como mediador entre las partes.
Si bien desde el poder político se apoyaron muchas de las demandas obreras, la declinación económica de 1919, y el carácter maximalista de las demandas, crearon un marco de extrema rigidez ideológica y polarización. En respuesta a la acción obrera, y desde el costado opuesto del arco ideológico, la Liga Patriótica Argentina tomaría como elemento primordial para su acción, la división de la clase obrera, aislando a muchos de los elementos más combativos y creando un clima favorable a las deportaciones y otras formas de represión, al tiempo en que ambos extremos coincidirían en la gradual deslegitimación del régimen democrático. Yrigoyen, de este modo, fue objeto de caracterizaciones extremas: desde el extremo izquierdo se sugería que no se trataba de otra cosa que un exponente más de los intereses patronales o emisario de los capitales extranjeros; desde la extrema derecha, un mero fetiche «pusilánime» al servicio del comunismo soviético disociador.
